CADA VEZ MÁS HIJOS DEL ESTADO. 27000 niños bajo la tutela de las autonomías

(El país, 14.11.2007)

El Estado actúa crecientemente para quitar la tutela a los padres de niños en desamparo. Pero su actuación, que alcanza a 85 niños de cada 100.000 en España -en 1997 eran 61,8-, arroja a veces situaciones discutibles y está sometida a muchas críticas por no favorecer la prevención.

En España hay 27.000 menores en el sistema de protección, construido para tutelar a niños abandonados, desatendidos o maltratados por su familia. A pesar de que su universo demográfico decrece (los menores de 17 años eran el 19% en 1998 y ahora son el 17%), los expedientes de tutela aumentan. A esto contribuyen también los menores extranjeros no acompañados que deben ser tutelados si carecen de allegados en España (las reagrupaciones familiares en el exterior son mínimas).

Al sistema de protección de las autonomías -es una competencia totalmente descentralizada- van a parar las víctimas de graves delitos (abusos sexuales o maltrato familiar) y quienes sufren situaciones de abandono menos extremo. Y también los que son considerados en riesgo de padecerlo. El 70% desembarca en el sistema por negligencia y desatención.

La labor preventiva con las familias ahorraría drásticas retiradas de niños. Una faceta que se ha descuidado, aunque ahora se intente subsanar. “El trabajo con la familia biológica es el gran déficit que hemos tenido, lo sensato es poner medios para atajar la situación y ver si es recuperable”, sostiene Marino Villa, adjunto a la Síndica de Greuges -la defensora ciudadana- de Barcelona. Poco que ver con lo que ha distinguido hasta ahora al sistema. “Como el interés del menor es el bien supremo, aparto al niño de las brasas y entonces ya no encuentro razón para averiguar por qué existen las brasas”, critica. Villa sintetiza sus tres grandes preocupaciones: la prevención, la atención a las familias y la vuelta a casa “siempre que sea posible”.

“La ley prevé expedientes de desamparo y expedientes de riesgo. De estos no conozco ninguno, siempre se acude a la cirugía desesperada del desamparo, que es menos caro que trabajar con la familia en una situación de riesgo”, se queja José Antonio Bosch, el abogado que ahora defiende a Antonia y que antes representó a otras madres biológicas de Sevilla a las que la Junta había retirado sus hijos.

“La inversión social es el caballo de batalla y lo que lleva a algunos a afirmar que se quitan sólo los niños a los pobres. Con la reclusa es más fácil actuar que con familias de ingresos altos”, abunda el portavoz de la asociación Prodeni, José Luis Calvo. “La institucionalización de la protección del menor y los recursos para sus familias se han desarrollado a diferente velocidad”, añade.

La prevención requiere fondos. Y el trabajo con las familias para desterrar factores de riesgo, también. “Los presupuestos en servicios sociales suelen ser exiguos, aunque parece que la concienciación se está despertando poco a poco”, afirma Miguel Ángel Ruiz, profesor de Metodología de Ciencias del Comportamiento de la Universidad Autónoma de Madrid y coautor de un proyecto sobre infancia y adolescencia para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. “No todas las comunidades autónomas proporcionan el mismo nivel de políticas y servicios sociales para los grupos más marginados de la población, en particular familias pobres, familias monoparentales, así como para niños gitanos y niños de familias inmigrantes”, censuraba a España, en 2002, el Comité de Derechos del Niño de la ONU.

“La pobreza no es el problema”, dice taxativo el catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla, Jesús Palacios. “De cada 10 niños en protección, siete están por negligencia, son los menores que pueden quedarse solos cuatro días, que están desnutridos, a veces sus padres ni siquiera son muy conscientes por sus propios problemas de salud mental o de adicción”. Remacha: “La combinación de adicciones y problemas mentales suele ser fatal”.

Palacios cree que se está reforzando la prevención y pone el ejemplo de Andalucía, donde se han creado equipos de tratamiento familiar que no existían hace una década: “Es un progreso importante que permite hacer una evaluación más segura. Hay una dificultad de origen, los profesionales hacen pronósticos basados en las evidencias que a veces se cumplen y a veces no”.

Aunque los errores sean mínimos, su impacto es infinito en la vida de los afectados. El abuso del acogimiento preadoptivo y la indiferencia ante el contexto de la familia biológica está detrás de casos espeluznantes como el de Carmen Fernández, que perdió la tutela de sus dos hijos en 1996 debido a su alcoholismo. Los niños fueron entregados a una familia con fines adoptivos cuando aún no había transcurrido un año de la retirada y a pesar de que la rehabilitación de la madre marchaba a buen ritmo. No tuvo segunda oportunidad. La mujer litigó en los tribunales durante años hasta que le dieron la razón. Su victoria fue también una derrota. Había pasado tanto tiempo que la Audiencia de Sevilla admitió que era imposible la reunificación familiar. A cambio, condenó a la Junta de Andalucía a indemnizar a la madre con 1,7 millones de euros por la “privación ilegítima” de sus hijos. Han pasado 11 años y aún falta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de la Junta.

Pero las políticas parecen ir cambiando. “Antes se tomaban decisiones demasiado drásticas demasiado pronto, pero los movimientos de madres biológicas han asustado al sistema y ahora les cuesta mucho tomar una decisión de separación por miedo a que se organice el follón”, asevera el catedrático de la Universidad de Sevilla Jesús Palacios. “Lo más importante es para qué se interviene y si conseguimos compensar los déficits. ¿Cuántos menores institucionalizados hacen estudios universitarios? El déficit es también el proyecto de salida”, completa el adjunto al defensor del cuidadano de Barcelona Marino Villa.