CADA VEZ MÁS HIJOS DEL ESTADO. 27000 niños bajo la tutela de las autonomías

(El país, 14.11.2007)

El Estado actúa crecientemente para quitar la tutela a los padres de niños en desamparo. Pero su actuación, que alcanza a 85 niños de cada 100.000 en España -en 1997 eran 61,8-, arroja a veces situaciones discutibles y está sometida a muchas críticas por no favorecer la prevención.

En España hay 27.000 menores en el sistema de protección, construido para tutelar a niños abandonados, desatendidos o maltratados por su familia. A pesar de que su universo demográfico decrece (los menores de 17 años eran el 19% en 1998 y ahora son el 17%), los expedientes de tutela aumentan. A esto contribuyen también los menores extranjeros no acompañados que deben ser tutelados si carecen de allegados en España (las reagrupaciones familiares en el exterior son mínimas).

Al sistema de protección de las autonomías -es una competencia totalmente descentralizada- van a parar las víctimas de graves delitos (abusos sexuales o maltrato familiar) y quienes sufren situaciones de abandono menos extremo. Y también los que son considerados en riesgo de padecerlo. El 70% desembarca en el sistema por negligencia y desatención.

La labor preventiva con las familias ahorraría drásticas retiradas de niños. Una faceta que se ha descuidado, aunque ahora se intente subsanar. “El trabajo con la familia biológica es el gran déficit que hemos tenido, lo sensato es poner medios para atajar la situación y ver si es recuperable”, sostiene Marino Villa, adjunto a la Síndica de Greuges -la defensora ciudadana- de Barcelona. Poco que ver con lo que ha distinguido hasta ahora al sistema. “Como el interés del menor es el bien supremo, aparto al niño de las brasas y entonces ya no encuentro razón para averiguar por qué existen las brasas”, critica. Villa sintetiza sus tres grandes preocupaciones: la prevención, la atención a las familias y la vuelta a casa “siempre que sea posible”.

“La ley prevé expedientes de desamparo y expedientes de riesgo. De estos no conozco ninguno, siempre se acude a la cirugía desesperada del desamparo, que es menos caro que trabajar con la familia en una situación de riesgo”, se queja José Antonio Bosch, el abogado que ahora defiende a Antonia y que antes representó a otras madres biológicas de Sevilla a las que la Junta había retirado sus hijos.

“La inversión social es el caballo de batalla y lo que lleva a algunos a afirmar que se quitan sólo los niños a los pobres. Con la reclusa es más fácil actuar que con familias de ingresos altos”, abunda el portavoz de la asociación Prodeni, José Luis Calvo. “La institucionalización de la protección del menor y los recursos para sus familias se han desarrollado a diferente velocidad”, añade.

La prevención requiere fondos. Y el trabajo con las familias para desterrar factores de riesgo, también. “Los presupuestos en servicios sociales suelen ser exiguos, aunque parece que la concienciación se está despertando poco a poco”, afirma Miguel Ángel Ruiz, profesor de Metodología de Ciencias del Comportamiento de la Universidad Autónoma de Madrid y coautor de un proyecto sobre infancia y adolescencia para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. “No todas las comunidades autónomas proporcionan el mismo nivel de políticas y servicios sociales para los grupos más marginados de la población, en particular familias pobres, familias monoparentales, así como para niños gitanos y niños de familias inmigrantes”, censuraba a España, en 2002, el Comité de Derechos del Niño de la ONU.

“La pobreza no es el problema”, dice taxativo el catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla, Jesús Palacios. “De cada 10 niños en protección, siete están por negligencia, son los menores que pueden quedarse solos cuatro días, que están desnutridos, a veces sus padres ni siquiera son muy conscientes por sus propios problemas de salud mental o de adicción”. Remacha: “La combinación de adicciones y problemas mentales suele ser fatal”.

Palacios cree que se está reforzando la prevención y pone el ejemplo de Andalucía, donde se han creado equipos de tratamiento familiar que no existían hace una década: “Es un progreso importante que permite hacer una evaluación más segura. Hay una dificultad de origen, los profesionales hacen pronósticos basados en las evidencias que a veces se cumplen y a veces no”.

Aunque los errores sean mínimos, su impacto es infinito en la vida de los afectados. El abuso del acogimiento preadoptivo y la indiferencia ante el contexto de la familia biológica está detrás de casos espeluznantes como el de Carmen Fernández, que perdió la tutela de sus dos hijos en 1996 debido a su alcoholismo. Los niños fueron entregados a una familia con fines adoptivos cuando aún no había transcurrido un año de la retirada y a pesar de que la rehabilitación de la madre marchaba a buen ritmo. No tuvo segunda oportunidad. La mujer litigó en los tribunales durante años hasta que le dieron la razón. Su victoria fue también una derrota. Había pasado tanto tiempo que la Audiencia de Sevilla admitió que era imposible la reunificación familiar. A cambio, condenó a la Junta de Andalucía a indemnizar a la madre con 1,7 millones de euros por la “privación ilegítima” de sus hijos. Han pasado 11 años y aún falta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de la Junta.

Pero las políticas parecen ir cambiando. “Antes se tomaban decisiones demasiado drásticas demasiado pronto, pero los movimientos de madres biológicas han asustado al sistema y ahora les cuesta mucho tomar una decisión de separación por miedo a que se organice el follón”, asevera el catedrático de la Universidad de Sevilla Jesús Palacios. “Lo más importante es para qué se interviene y si conseguimos compensar los déficits. ¿Cuántos menores institucionalizados hacen estudios universitarios? El déficit es también el proyecto de salida”, completa el adjunto al defensor del cuidadano de Barcelona Marino Villa.

LA FDA SE VE SALPICADA EN LA POLÉMICA DE OCULTACIÓN DE DATOS, POR PRIMERA VEZ VINCULA LOS ANTIDEPRESIVOS AL SUICIDIO JUVENIL Y HACE RECOMENDACIONES

Editado de: La FDA se ve salpicada en la polémica de ocultación de datos, Diario Médico, 14 de septiembre de 2004.

El problema con los antidepresivos se remonta al año 2003, cuando el Reino Unido prohibió la prescripción a menores de 18 años de inhibidores de la recaptación de la serotonina (ISRS) con excepción de la fluoxetina (más conocida por su nombre comercial, Prozac), debido al aumento de las tendencias suicidas apreciado en algunos estudios realizados con este tipo de antidepresivos, pero también por “las dudas sobre su eficacia terapéutica”. Apenas un año más tarde, Canadá y EE.UU. se unen a estas medidas con la emisión de severas advertencias.

En los EE.UU., solamente uno de esta clase de fármacos -la fluoxetina- tiene autorización formal para ser administrado en niños y adolescentes. En el resto del mundo, el uso de estos medicamentos en menores no está aprobado formalmente, aunque la mayoría de los profesionales los prescribe, porque tampoco existe prohibición de hacerlo.

Dentro de la polémica sobre el consumo de este tipo de medicamentos en la población infantil, la FDA ha sido acusada de ocultar información. Y es este debate el que a su vez ha desencadenado otra discusión acerca de la publicación íntegra de datos de investigación por parte de la industria farmacéutica. [N.E.: ver en esta misma sección “Las revistas sólo publicarán los ensayos registrados en una base de datos pública”]

El primer argumento se debatió los primeros días de septiembre durante la sesión celebrada en el Congreso estadounidense en la que la industria, la FDA y el Comité de Energía y Comercio presentaron sus respectivas ponencias y alegaciones al respecto.

Sin advertencias
El Comité de Energía y Comercio acusó a la agencia y a varias compañías farmacéuticas de no advertir durante años a médicos y pacientes de que la mayoría de los antidepresivos no se habían mostrado eficaces en el tratamiento de niños e incluso que algunos habían mostrado serios efectos adversos en esta población. En 2002, según datos del Comité, casi 11 millones de prescripciones de estos productos se administraron en niños, y de éstas 2,7 millones se destinaron a menores de 12 años.

El portavoz de la agencia norteamericana, Jason Brodsky, negó que este organismo hubiera retenido documentos para no verse salpicado por la reciente polémica de los ensayos clínicos que ha enfrentado a varias compañías con la justicia y aseguró haber proporcionado al Presidente del Comité toda la información requerida.

Por su parte, los representantes de la industria reunidos en la sesión aseguraron haber suscrito la propuesta realizada esa misma semana por PhRMA, la patronal farmacéutica estadounidense, de hacer públicos todos los ensayos clínicos en una página web colectiva para el sector. Sin embargo, algunos miembros del Comité consideran insuficiente esta declaración e instan a la elaboración de una legislación que imponga la publicación de todas las investigaciones.

Ahora la FDA le da respaldo a sus expertos
El doctor Robert Temple, Director de la FDA, vinculó por primera vez el consumo de antidepresivos y la inducción al suicidio en algunos niños y adolescentes.

Temple admitió que varias compañías farmacéuticas ocultaron al público los resultados de 15 estudios clínicos patrocinados por ellas que demostraron de forma clara relaciones de esos preparados con comportamientos suicidas.

El reconocimiento del Director de la FDA se produce después de que la propia agencia metiera en un cajón las conclusiones a las que hace un año llegó su propio experto en fiabilidad de los medicamentos, el doctor Andrew Mosholder. Directivos de la agencia consideraron inexactos los datos de Mosholder y contrataron a investigadores de la Universidad de Columbia, que llegaron a la misma conclusión: había un vínculo entre el consumo de píldoras como Zolft (fabricado por Pfizer), Paxil (de GlaxoSmithKline) y Prozac (patente de Eli Lilly & Company) y tendencias suicidas.

Recomendaciones
El comité asesor de la FDA recomendó que los frascos de medicinas como Prozac o Paxil cambien sus etiquetas y adviertan a profesionales y pacientes sin la menor duda de que su uso puede despertar inclinaciones suicidas en los jóvenes. Esta medida fue aprobada con 15 votos a favor y 8 en contra de los expertos reunidos en el comité asesor.

Recomendó introducir en el empaquetado de los medicamentos un recuadro de color negro con una advertencia visible en relación a la edad recomendada: (15 sí, 8 no). Los rótulos con fondo negro son los que representan la advertencia más seria en el sector sanitario estadounidense ya que, por ejemplo, sólo los llevan los envases de productos como los matarratas o los líquidos para desatascar desagües.

La FDA hace extensiva esta advertencia tanto a todos los fármacos estudiados (Prozac, Zoloft, Remeron, Paxil, Effexor, Celexa Wellbutrin, Luvox y Serzone), como a todos aquellos que no fueron incluidos en los análisis. A la luz de los resultados, la FDA entiende que no es adecuado excluir ninguna medicación.

También aconsejó que estos medicamentos se vendan con un folleto de fácil lectura que explique cómo decidir si un niño debe o no tomarlos y cuáles son los síntomas que pueden alertar de su eventual tendencia al suicidio. Las autoridades sanitarias de EE.UU. se comprometieron además a estudiar la posibilidad de dar un paso más, el que los padres tengan que firmar un documento en el que dejen muy claro que entienden y aceptan los riesgos que puede conllevar el que sus hijos sean tratados con antidepresivos.

La revista The New England Journal of Medicine del 14 de octubre (Vol. 351, Nº 16) publica la opinión de dos de los miembros del panel que redactó las conclusiones. Uno de los 15 votos a favor de la inclusión de una advertencia sobre los efectos adversos en el envase fue el de Thomas Newman, del Departamento de Epidemiología, Bioestadística y Pediatría de la Universidad de California en San Francisco. Newman explica que antes de tomar cualquier decisión se analizó toda la evidencia disponible sobre el incremento del riesgo de suicidio en pacientes pediátricos que consumían antidepresivos. “La evidencia más convincente procedía de un meta-análisis de ensayos patrocinados por compañías farmacéuticas. La tasa global de ideas o comportamientos suicidas entre los niños que tomaban antidepresivos era el doble que en el grupo placebo”, justifica. Este artículo se encuentra disponible en: content.nejm.org/cgi/content/full/351/16/1595 (A black-Box warning for antidepressants in children?)

El segundo artículo que publica la revista lo firma David Brent, psiquiatra del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh (Pensilvania), y se puede consultar en: content.nejm.org/cgi/content/full/351/16/1598 (Antidepressants and pediatric depression. The risk of doing nothing ). A pesar de la recomendación desfavorable de la FDA, Brent considera que los antidepresivos deben seguir empleándose para tratar la depresión infantil. “El análisis de la FDA sugiere que el riesgo potencial de comportamiento suicida en niños y adolescentes que toman antidepresivos es real, aunque pequeño. El comité recomienda incluir advertencias en los prospectos y mayor información para pacientes y cuidadores, pero no se prohíben los fármacos”, subraya. Prohibirlos, reflexiona Brent, supondría “retroceder 25 años, cuando la única esperanza para los familiares de personas con tendencias suicidas era que algún día se encontrara un tratamiento eficaz”.

Por su parte, los representantes de las familias de afectados, que también tuvieron oportunidad de expresar su parecer en el debate en la FDA, unos lo hicieron para defender a ultranza los antidepresivos y otros para denunciar que fueron los que llevaron a sus hijos al suicidio.

La opinión de psiquiatras y especialistas contribuyen a la polémica
Los psiquiatras y especialistas han dejado claro, sin embargo, que la cuestión es difícil de dilucidar, porque la propia depresión ocasiona tendencias suicidas y también hay muchos estudios que demuestran que los antidepresivos han ayudado a la recuperación de muchos pacientes deprimidos.

Algunos explicaron que las medidas de control anunciadas por la FDA pueden provocar un cierto temor entre los especialistas a la hora de recetar estas medicinas y entre los padres a la hora de aceptarlas cuando, añadieron, en muchos casos, han salvado a niños y jóvenes de males mayores.

La Asociación Española de Psiquiatría Infanto Juvenil (AEPIJ), por ejemplo, ha decidido salir al paso de esta polémica con un comunicado en el que apoya el uso de estos medicamentos en menores. “El beneficio del tratamiento con antidepresivos es superior al riesgo de no aplicarlo”, asegura la nota.

El comité de expertos españoles recuerda que la depresión es la primera causa de suicidio entre adolescentes, por lo que defiende el uso de los tratamientos disponibles con un control riguroso de los posibles efectos secundarios. En un detallado comunicado, AEPIJ explica que las ideas suicidas forman parte de las manifestaciones propias del trastorno depresivo.

“La depresión, que afecta alrededor de un 3-5% de los niños, hace 14 veces más probable una primera tentativa de suicidio”, apunta. Para ellos, el problema de las medidas tomadas en Reino Unido y EE.UU. radica en la metodología de los trabajos analizados hasta ahora, la mayoría de los cuáles “no había sido diseñado específicamente para el estudio de conductas suicidas y tampoco habían tenido en cuenta la existencia de factores de riesgo (...) frente a posibles tentativas de suicido”. Para la asociación, “es urgente disponer de tratamientos eficaces”, para lo que reclama nuevos estudios diseñados específicamente para evaluar la relación entre los antidepresivos y la aparición de ideas suicidas en estos jóvenes pacientes. Respecto a la eficacia de estos fármacos, el comunicado recuerda que, “como en la mayoría de los medicamentos, todos los ISRS son efectivos en algunos niños o adolescentes, pero no en todos”.

Por ello insiste en la necesidad de que los profesionales conozcan todas las alternativas disponibles para poder individualizar los tratamientos en caso de que los pacientes no respondan a la primera terapia. Los psiquiatras recuerdan que no siempre es necesario recurrir a la medicación, especialmente en el caso de depresiones ligeras.

Ponencia menores en conflicto

Las demandas que reciben los ESMD y las USMIJ son muy variadas: problemáticas familiares, violencia, malos tratos, rechazo del sistema educativo, abusos, adicciones etc.

En las familias que atendemos no suele aparecer aisladamente uno de estos problemas, sino varios, el panorama familiar cuando nos acercamos suele ser desolador, de manera que la impotencia es la primera vivencia del profesional, a la que tiene que sobreponerse, y deprisa, porque hablamos de familias en las que hay niños, niños que corren múltiples peligros, peligros que por la sola experiencia de haber visto tantos en esas mismas circunstancias, los profesionales ya pronosticamos con facilidad acerca de su futuro : “ son carne de cañón”, pensamos y decimos... serán delincuentes, prostitutas, toxicomanos, padres y madres que abandonarán o maltratarán a sus hijos”.

Nos corre prisa hacer algo para sacar a estos niños de esta situación de mal-estar en el mundo, sin embargo sabemos que la prisa trae consigo un peligro: el de actuar sin darnos el tiempo necesario para comprender lo que está en juego en una familia en la que vemos riesgos para los niños. Por eso voy a intentar en este espacio que me han ofrecido, plantear algunas cuestiones a vuestra reflexión, precisamente porque creo que es imprescindible antes de iniciar una intervención.

Si vemos el drama de estos niños desde un prisma social, consideramos que el peligro viene dado por la familia en la que han nacido, el barrio en el que crecen , las amistades que tienen... en definitiva el mundo en el que viven, esa sería de la causa su ese mal-estar.

Me detendré por un momento en esta consideración del maltrato infantil como un problema social. Considero que es importante porque la definición que damos de un problema orienta los cursos de la acción a seguir. Si hablamos de “problemas sociales”, lo que decimos es que hay una perturbación del orden social y en consecuencia es obligada una acción de control social, de orden público y un agente que la ejerza. No es conveniente olvidar que esta función de agente de control social la encarnamos todo el sistema de protección a la infancia: desde el pediatra o el maestro, el equipo de SSCC, el ETF, el SPM, el sistema judicial...En el sentido de que parte de nuestra función es no consentir que los niños vivan en un contexto familiar que nos les proporciona los cuidados mínimos para su desarrollo.

Porque es parte de nuestra función, condiciona nuestra manera de actuar y creo que es conveniente pensar en como lo hace. Dejo aquí sólo subrayado este tema, para proseguir con el mal-estar de los niños y de las familias. Un mal-estar que muchas veces más bien habría que denominar horror, digo esto porque el malestar interroga a la persona, si me siento triste, inquieto, enfadado cabe la posibilidad de que me pregunte que me hace sentir así, me siento mal y a veces no sé muy bien por qué. El horror, sin embargo, paraliza, deja sin palabras.

Todos nos preguntamos en ocasiones ¿ cómo es posible que en una sociedad que defiende ideales universales acerca del bienestar para todos los ciudadanos pueda existir tanto horror para algunos?. Salud para todos, educación para todos, la consideración de que toda violencia contra los niños constituye una violación de los Derechos Humanos., que hay que erradicar... son ideales que sostiene nuestra sociedad, sin embargo hay amplios sectores de la población que, en todos los tiempos, quedan fuera de las máximas universales.

De estas máximas globales que tienen el efecto de tratar de borrar las diferencias que hasta ahora se muestran como inevitables, como nos enseña la historia. Pero en un modelo globalizador no se admiten esas diferencias, como tales y se transforman en exclusiones de la norma. Quiero decir que lo que se trata de plantear como universal no admite lo que no se incluye en la norma y queda expulsado del conjunto. Evidentemente, con la mejor de las intenciones, tratamos de que los niños de nuestra sociedad alcancen un nivel de bienestar que consideramos necesario para su desarrollo físico, psíquico y social. Para ello ponemos en marcha nuestro trabajo, para proporcionar a la familia todos los recursos que precisaría para ello, en un intento de incluirlos socialmente, sin embargo con un recorrido no demasiado largo de trabajo en este campo podemos darnos cuenta de que es muy difícil para la mayoría de las familias con las que trabajamos salir de la marginación: vemos como las problemáticas se repiten hasta de generación en generación.

Pareciera que esta posición de exclusión social, de resto, de lo que queda por fuera del sistema se perpetuara con la colaboración de sus protagonistas, que repiten una y otra vez aquello que les condena al sufrimiento.

Una familia en la que los niños que forman parte de ella, no tengan el adecuado nivel de bien-estar, por causa de sus padres se denominarán maltratados.

Mi pregunta es de qué le sirve a un niño llevar a sus espaldas este nombre, que le define como ser pasivo, esta etiqueta que ponemos los profesionales, además de para pasar a formar parte del grupo de excluidos que no han tenido la suerte de alcanzar la máxima del bienestar infantil. ¿Qué consecuencias tendrá esto para él?. ¿Qué consecuencias tendrá para nosotros, los profesionales que debemos prevenir, evaluar, detectar, intervenir en situaciones de maltrato infantil?

En primer lugar considerar que las formas de agrupamiento de personas que se hayan fuera de los ideales sociales universales como: padres maltratadores, niños maltratados, jóvenes delincuentes... son palabras aplastantes que parecen querer nombrar la totalidad de la persona, como si con esa palabra se estuviera haciendo una descripción exhaustiva de su forma de pensar, de sentir, de relacionarse, de imaginar etc. Con esas etiquetas se borra la subjetividad, lo singular de cada persona, lo que la diferencia de todas las demás. Su peligro es que nos provocan el espejismo de que todos los niños maltratados son parecidos, lo esencial de ellos es idéntico y por tanto podemos tratarlos como si todos fueran el mismo, no hay nada que descubir de cada uno de ellos.

¿Y qué es eso que comparten tan esencial? Que han tenido una infancia con carencias, que son víctimas, como consecuencia, debemos salvarles de sus verdugos: sus padres, a través de dos caminos posibles:
- cambiando el actuar de los verdugos
- separándoles de ellos.

... el efecto es que victimizándoles, ya no hace falta escucharles, sabemos de lo que sufren, lo que les ha faltado, lo que necesitan, lo que desean.

A esto me refería cuando anteriormente hablaba de nuestra función de control social: la sociedad nos encomienda la función de no permitir que los niños sufran el Mal-trato de sus padres y para ello intervenimos en las familias, lo quieran o no, muchas veces sin su consentimiento.

El problema que planteo es:

- Por un lado es necesario, imprescindible, incluso vital ( a veces incluso puede correr peligro la vida del niño), nuestra intervención en las familias.
- Por otro lado defiendo la idea de que para producir un cambio en una persona es necesario el consentimiento del propio interesado, y los dispositivos de control intentan producir cambios sin el consentimiento del sujeto.

Para Aristóteles la vida de un sujeto se construye sobre los si y los no que ha dado en su camino, así aludía a la responsabilidad de cada persona de lo que hace con su vida ( sin olvidar las malas condiciones de las que puede partir, el lugar que le den sus padres, lo que signifique el niño para ellos va a condicionar las posibilidades de las que parte)

Pero además de la responsabilidad de cada sujeto, también hay una responsabilidad del profesional , y su posición subjetiva frente al otro, padre, madre, niño.

Considero que nuestras intervenciones están marcadas por lo imposible, imposible que todo sea educable, curable, tratable, incluido socialmente... y precisamente este límite es el que abre las condiciones posibles de lo intervenible. Y esto vale para todas las disciplinas implicadas en el trabajo con familias en las que se produce el maltrato infantil: ni el educador, ni el trabajador social, ni el psicólogo se libran de toparse con los límites de su intervención. Quiero decir que no todo en las familias podrá ser cambiado y habrá muchas en las que nada. No todas las personas nos darán su consentimiento para que intentemos escucharlas, y ayudarlas a que tomen sus decisiones.

El consentimiento de sujeto, de la familia a la intervención nunca es total, hay márgenes y la decisión última depende de él.


Pero si nosotros asumimos la necesidad de una intervención sin esperar a promover una pregunta acerca de qué de sí mismo le lleva a no asumir su papel de padre o madre, a delinquir, desafiando una y otra vez la ley, como vemos a tantos adolescentes, a caer en el exceso del maltrato cuando castiga a su hijo... viendo sólo al niño como víctima y los padres como culpables estaremos perdiendo la posibilidad de que se responsabilice de sus actos y pueda dejar de repetirlos. También tenemos, últimamente, la otra versión: padres víctimas de sus propios hijos. Hijos que no sólo desafían a sus padres, sino que llegan al maltrato y cuando se les escucha hablan desde la total impunidad...El riesgo sigue siendo el mismo unos son víctimas y otros culpables.

. Es fácil ver a los niños sólo como víctimas y a los padres sólo como culpables. En ambos casos se produce una perdida de la responsabilidad, en la victimización por defecto, puesto que el niño sólo es visto como el objeto sobre el que recae el maltrato, la negligencia, el abandono, corriendo el riesgo de perder de vista que fundamentalmente es un sujeto con sus propias interpretaciones de lo que está sufriendo, sus propios juicios, sus propios deseos respecto a como quiere que sea su futuro, sus propias decisiones sobre si acepta a sus padres o no. Evidentemente habrá situaciones en las que tendremos que contrariar los deseos del niño, cuando sus deseos no sean compatibles con su vida, cuando se encuentre en un riesgo tal que no quepa otra posibilidad que poner un límite separándole de sus padres, aunque no sea lo que el niño desee.

En el caso de los culpables, ya sea el padre/madre que maltrata o el adolescente, que también lo hace, la pérdida de la responsabilidad puede ser por exceso. El acto de violencia o de negligencia puede ser tan radical que nos impida dar la palabra a la persona para intentar endender que le llevó a ese acto. Si sólo condenamos y no escuchamos, colaboramos con la repetición de los hechos.